Más de una década después del primer fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya a propósito del litigio entre Colombia y Nicaragua, aún persisten diferencias en la manera como se debe cumplir. Señal Memoria hace un recuento de la pretensión nicaragüense de este fallo y lo que en 2022 la misma Corte sentenció.
San Andrés, Providencia y Santa Catalina están más cerca de Nicaragua que de Colombia, pero el archipiélago siempre se ha considerado parte de nuestro país. Aunque en 1913 Nicaragua quiso reclamar derechos sobre el mismo e igualmente sobre algunas otras islas e islotes, la disputa fue resuelta en 1928 mediante el tratado Esguerra-Bárcenas y su Acta de Canje de Instrumentos de Ratificación de 1930.
El tratado confirmó la soberanía de Colombia sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Por otro lado, Colombia reconoció la soberanía de Nicaragua sobre la Costa Mosquitia y las islas Mangles, e incluyó un límite (meridiano 82° Oeste), como frontera hasta donde Colombia podría ejercer soberanía y jurisdicción. La prueba de soberanía la podemos ver en un registro del Noticiero Cinematográfico Colombia al día, de la década de 1950. En el fragmento del documento de archivo se observa el panorama de las calles, cuando aún la infraestructura hotelera era escasa.
Dirección Nacional de Información y Prensa (DINAPE) (Productor). (1957). Fragmento Noticias de Colombia y el mundo [Celebración 20 de julio]. [Serie documental]. Colombia: Archivo Señal Memoria, BTCX30 014821 CLIP 2.
Pasó el tiempo y el entonces presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán Lacayo (1997-2002) afirmó que “el tratado Esguerra-Bárcenas de 1928 carece de validez legal”, teniendo en cuenta que en ese año la democracia de su país había “sufrido un golpe de Estado, lo que cualquier acción, tratado o decisión no tenía la validez ni la legitimidad suficientes”. A partir de allí se inició un largo camino que en 2012 tuvo su primer asalto.
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2001: Nicaragua demanda, Colombia se retira
Era presidente de Colombia Andrés Pastrana Arango (1998-2002), cuando el 6 de diciembre del 2001 Nicaragua presentó ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya una demanda por medio de la cual reclamaba la soberanía sobre San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Igualmente, solicitaba a la Corte establecer el límite marítimo entre ambos países mediante una línea trazada entre las costas continentales de Colombia y Nicaragua.
Sin embargo, el 5 de diciembre de 2001, antes de que Nicaragua presentase la demanda, el Estado colombiano se retiró del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas o Pacto de Bogotá, lo que le permitiría a Colombia desarrollar una mejor defensa del interés nacional sobre el archipiélago. Aun así, Colombia debió presentar su alegato de defensa, en razón a que desde 1968 había aceptado la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional frente a cualquier diferendo limítrofe.
2012: primer asalto y la Corte redibuja el mapa
En resumen, el fallo de la Corte amplió el espacio marítimo de Nicaragua, pero a su vez ratificó la soberanía colombiana de las islas y cayos del archipiélago.
Instituto Nacional de Radio y Televisión – Inravisión (Productor). Vélez Mejía, Jaime (Director) (1984). Providencia: independencia y cultura. Colombia: Inravisión. Archivo Señal Memoria, UMT 201901 CLIP 1
Por un lado, la corte decidió que las extensas zonas de las aguas que rodean los cayos de Quitasueño y Serrana son de Nicaragua.
Para Colombia significó que su frontera no estaría delimitada por un meridiano 82° Oeste, sino que cada islote o cayo tendría una extensión máxima de mar territorial de 12 millas y “el resto pertenece a quien tenga la plataforma continental, en este caso, Nicaragua”, afirma la sentencia.
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Es un fallo de carácter obligatorio y no admite apelación o recurso posible que modifique la decisión del tribunal internacional.
Ambos países presentaron nuevos alegatos para que la Corte se pronunciara con el propósito de aclarar distintas interpretaciones que cada cual tenía sobre el asunto. Por un lado, Colombia afirmaba que “el fallo restringe derechos económicos de Colombia en San Andrés y en especial de la población raizal”. Por su lado, Nicaragua acusó a Colombia de violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe. Estas y otras cuestiones fueron resueltas una década después.
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2022: segundo asalto, la Corte pide acatar el fallo
Hay distintas interpretaciones sobre el tema, pero básicamente la Corte únicamente emitió un fallo sobre si Nicaragua tiene razón al sostener que Colombia había violado el derecho internacional. Las conclusiones de las casi dos horas de lectura del fallo se pueden resumir en seis puntos:
1. La Corte Internacional de La Haya dice que Nicaragua no pudo probar si hubo o no violación de los derechos de ese país por la presencia de la Armada colombiana en su nuevo espacio marítimo. Punto para Colombia.
2. La Corte Internacional señaló que Colombia violó la obligación internacional de respetar la Zona Económica Exclusiva de Nicaragua sobre la pesca e investigación marítima. Punto para Nicaragua.
3. La Corte Internacional concluyó que Colombia violó los derechos de soberanía de Nicaragua al autorizar la pesca en la Zona Económica Exclusiva del país centroamericano. Punto para Nicaragua.
4. Colombia tiene derecho a establecer una zona contigua alrededor del Archipiélago de San Andrés, pero la Corte Internacional advierte que no puede sobrepasar los poderes de control sobre la Zona Económica Exclusiva de Nicaragua. Punto para Colombia.
5. La Corte Internacional concluyó que Colombia no estuvo en capacidad de comprobar que los raizales del archipiélago no han podido disfrutar de sus derechos de pesca en las aguas de la Zona Económica Exclusiva de Nicaragua. Empate.
6. La Corte Internacional niega que Nicaragua establezca una línea base recta para definir su Zona Económica Exclusiva, porque esta línea le quitaría el derecho a Colombia a la libertad de navegación y sobrevuelo. Punto para Colombia.
Más allá de señalar quién perdió o quién ganó, la Corte invitó a Colombia y Nicaragua a resolver de manera amistosa y mediante un tratado, las diferencias que afectan a la población de las islas, pues según el tribunal los derechos de esa población están por encima de las discrepancias entre naciones.
Autor: Hugo Fernando Guerra
