Ficha Técnica
Por siglos, las diversas comunidades que habitan el actual departamento del Chocó han recurrido a la extracción de oro como parte de su economía local. Utilizando bateas e instrumentos no industriales, establecieron una relación simbiótica con el río Atrato. Por eso, la minería artesanal y ancestral, no es ilegal porque su impacto es mínimo y es una economía de la cual dependen miles de personas.
Pero, desde los inicios del siglo XXI, se reportan constantemente la presencia de maquinaria amarilla, dragadoras, desviación del cauce del río y el uso no controlado de químicos que han perjudicado el bienestar y la salud de los habitantes, la fauna y la flora local. Esta manera de explotación de las riquezas extractivistas puede derivar en la destrucción permanente del río en el largo plazo más serios riesgos a la salud de las personas por envenenamiento o el nacimiento de bebés con serios daños tanto físicos como neurológicos. Ahora, se aprecia un documento de la serie “Aborigen, todas las voces” que expone la preocupación de algunos líderes sociales locales sobre la degradación del Atrato en 2003.
A parte de la intervención inadecuada de empresas locales y extranjeras, algunos grupos armados como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también conocidas como el “Clan del Golfo”) recurren a la explotación minera industrializada para financiar su músculo militar y obtener un mayor control territorial para el tráfico de minerales, especies nativas y el control sobre el río y sus habitantes.
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Ante esta situación, el pueblo chocoano impuso una demanda al Estado que derivó en la Sentencia T-622 de 2016, la cual, reconoce al río Atrato como un sujeto de derechos. Por lo tanto, cualquier afectación que se le haga a este cuerpo de agua, es considerado como un intento de ecocidio porque se consideraría al río como una víctima del conflicto armado. De esta manera, se impulsa una reparación y una responsabilidad para preservar al río a toda costa.
Por: Jaime Cimadevilla
