Voces en resonancia | Señal Memoria

Contexto histórico

Bogotá, Colombia

El 6 de noviembre de 1985, la guerrilla del M-19 se tomó el edificio del Palacio de Justicia con el propósito de realizar un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur, argumentando el incumplimiento de los acuerdos de cese al fuego firmados el 24 de agosto de 1984. En respuesta, los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Colombia lanzaron un operativo militar para retomar el Palacio, un enfrentamiento que se extendió por al menos 28 horas. Los hechos resultaron en desapariciones forzadas, torturas, asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y una profunda crisis en las instituciones democráticas.

Lo que sabíamos de esas 28 horas

La Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre, liderada por la Columna Iván Marino Ospina del M-19, marcó el punto culminante de un conflicto en escalada entre esta guerrilla y el Estado colombiano. Previo a la toma del Palacio de Justicia, el M-19 ejecutó acciones simbólicas de alto impacto, como el robo de la espada de Bolívar en 1974, el asalto al Cantón Norte en 1978 y la toma de la Embajada de la República Dominicana en 1980. Sin embargo, durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), se promovió una política de paz, las tensiones se agudizaron en un contexto de violencia alimentado por el narcotráfico.

La toma del Palacio de Justicia ocurrió en un momento crítico. La Corte Suprema estaba próxima a decidir sobre la constitucionalidad del tratado de extradición con Estados Unidos, una medida que el narcotráfico percibió como una amenaza directa. En este contexto, el M-19 tomó acción, argumentando no solo su rechazo a la creciente militarización, sino también una defensa de derechos que consideraba vulnerados. La respuesta del Estado fue inmediata y desproporcionada. Durante el primer día, algunos civiles lograron escapar, mientras que otros quedaron atrapados en el edificio. La cobertura mediática mostró imágenes de personas saliendo con vida, aunque la transmisión fue abruptamente interrumpida para dar paso a un partido de fútbol entre Millonarios y Unión Magdalena.

Tras 28 horas de enfrentamientos, el saldo fue devastador, con decenas de muertos y desaparecidos. Los medios rápidamente responsabilizaron al M-19, consolidando una versión oficial que acusaba al grupo de amenazar la democracia y la vida de los rehenes. Con el tiempo, esta versión ha sido cuestionada y se ha convertido en un terreno de disputa en torno a la memoria histórica del país, donde se confrontan visiones sobre el conflicto y la forma en que Colombia aborda sus cicatrices colectivas.

Otra versión de los hechos

A través de las investigaciones penales actuales, se ha revelado que tanto los medios de comunicación como los equipos de inteligencia militar tuvieron conocimiento previo de los planes del M-19. Por eso la inteligencia militar redujo la guardia del Palacio de Justicia para permitir la entrada de los guerrilleros, en un movimiento que se concibió como “La ratonera”. Según este grupo guerrillero, la toma del Palacio de Justicia tuvo como objetivo juzgar al presidente Belisario Betancur por diversas razones, entre ellas, la entrega de recursos naturales a potencias extranjeras, la extradición de ciudadanos colombianos a Estados Unidos y el incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado en 1984.

En retrospectiva, hoy se comprende mejor el contexto en el que se produjo la toma. El Estatuto de Seguridad, promulgado al inicio del gobierno de Julio César Turbay (1978-1982), fue una pieza clave en la configuración de un Estado de sitio permanente. Esta política, inspirada en la Doctrina de Seguridad Nacional, desarrolló la noción de un "enemigo interno" al que debía combatirse, facilitando así la respuesta desproporcionada de las Fuerzas Armadas durante la retoma del Palacio. El operativo militar que se desplegó en esos días fue de una magnitud sin precedentes, marcando un punto de inflexión en la historia del conflicto armado en Colombia.

Las investigaciones también demostraron que las amenazas a los magistrados provinieron tanto del narcotráfico como de sectores que se opusieron a las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas. En 1985, la Sección Tercera del Consejo de Estado inició investigaciones relacionadas con violaciones graves, como la tortura de la médica Olga López de Roldán, entre 1979 y 1981. Estos antecedentes subrayaban la complejidad del escenario en el que se desarrollaron los eventos del 6 y 7 de noviembre de 1985. 

Durante esos dos días, los medios de comunicación fueron silenciados por orden de la ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, quien argumentó que la interrupción de las transmisiones sobre lo que ocurrió en la Plaza de Bolívar fue necesaria para proteger la operación militar en curso. Sin embargo, esta decisión tuvo consecuencias profundas: permitió que las Fuerzas Armadas actuaran sin el escrutinio público, operando con una impunidad que impidió el registro periodístico que hubiera sido fundamental para esclarecer lo ocurrido. 

En 1986, el abogado de derechos humanos Eduardo Umaña Mendoza y los familiares de las personas desaparecidas comenzaron una lucha solitaria por la justicia, cuestionando la versión oficial de los hechos. A pesar de las demandas de las víctimas, entre 1986 y 1996, no se llevó a cabo ninguna investigación oficial. La narrativa oficial negaba la existencia de desapariciones, y un pacto de silencio se impuso en gran parte de la sociedad. Durante esos años, no se mencionó públicamente la ardua búsqueda de los familiares por conocer la verdad, ni sus travesías en Medicina Legal, y mucho menos se habló de las complicidades que dificultaban esta búsqueda. En 1996, Eduardo Umaña logró la exhumación de las fosas del Cementerio del Sur, pero su lucha fue trágicamente interrumpida en 1998, cuando fue asesinado en medio de sus investigaciones.

Buscar la justicia en un pajar

La desaparición forzada fue reconocida como delito en Colombia en el año 2000, lo que permitió iniciar investigaciones formales sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia. Entre 2005 y 2007, la fiscal Ángela María Buitrago y el investigador José Darío Cediel lideraron una exhaustiva recolección de pruebas, incluidas grabaciones de comunicaciones militares, informes oficiales, testimonios, videos de Noticias Uno y objetos personales hallados en instalaciones militares. Estas evidencias fueron fundamentales para construir un caso sólido que reveló la magnitud de los hechos, muchos de los cuales permanecieron desconocidos.

El año 2010 fue decisivo para las víctimas y sus familias. En abril, la Comisión de la Verdad concluyó que, aunque el M-19 fue responsable de la toma, las Fuerzas Militares también desempeñaron un papel importante en la tragedia. En junio, la jueza María Estela Jara condenó al coronel Luis Alfonso Plazas Vega por su implicación en la desaparición de 11 personas durante el 6 y 7 de noviembre de 1985. En agosto, la fiscal Buitrago abrió una investigación formal contra tres generales: Jesús Armando Arias Cabrales, Rafael Hernández López y Carlos Augusto Fracicca Naranjo. Sin embargo, en septiembre, Buitrago fue retirada del caso, lo que evidenció las dificultades enfrentadas por quienes buscaban justicia.

En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó el caso del Palacio de Justicia, marcando un hito en la búsqueda de justicia a nivel internacional. La audiencia se llevó a cabo en 2013 en Brasilia, y en noviembre de 2014, la CIDH emitió una sentencia histórica condenando al Estado colombiano por su responsabilidad en los hechos, incluyendo la desaparición forzada y ejecución de Carlos Horacio Urán, así como la desaparición de otras 11 personas: Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra Forero, Lucy Amparo Oviedo Bonilla, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco Torres e Irma Franco Pineda. También se condenó al Estado por las detenciones y torturas de Yolanda Santodomingo, Eduardo Matson, Orlando Quijano y José Rubiano. La Corte determinó que el Estado no actuó con la rapidez necesaria para investigar estos hechos y vulneró el derecho a un juicio justo.

Como parte de la sentencia, en noviembre de 2015, el Estado colombiano realizó un acto de reconocimiento de los crímenes cometidos durante la toma y retoma del Palacio de Justicia. Este acto representó un paso significativo, pero no suficiente, hacia la dignificación y reparación de las víctimas y sus familias, quienes continúan esperando justicia.

Hacia un futuro compartido

Las investigaciones judiciales sobre la retoma del Palacio de Justicia han revelado la implicación de diversos actores en las desapariciones y violaciones de derechos humanos durante el operativo militar. A lo largo de los años, algunos altos mandos han sido procesados y condenados por su papel en estos hechos, subrayando la gravedad de sus acciones y la importancia de asumir responsabilidades. Aunque algunas condenas han sido modificadas en instancias superiores, este proceso ha abierto un debate necesario sobre cómo opera la justicia en estos casos y su impacto en la memoria colectiva nacional.

Los acuerdos de paz y las amnistías de 1990 y 1991 incluyeron a diferentes grupos guerrilleros, entre ellos el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el Movimiento Armado Quintín Lame (MAQL). El indulto a los miembros del M-19 evitó que fueran juzgados específicamente por su papel en la toma del Palacio de Justicia. Si bien esta decisión fue fundamental para consolidar el proceso de paz, en el contexto de los hechos del Palacio de Justicia ha sido motivo de reflexión para las víctimas, quienes consideran esencial el reconocimiento de responsabilidades en estos eventos.

Ampliar la memoria sobre los hechos ocurridos en la toma y retoma del Palacio de Justicia es un recordatorio de la importancia de preservar la verdad y la justicia. Solo a través de un esfuerzo colectivo para conocer, comprender y condolerse con el dolor de los demás, asumiendo las responsabilidades pendientes, será posible avanzar hacia una sociedad más justa y democrática.

Voces y memorias
 

Esta sección reúne entrevistas realizadas en 2023 y 2024 como parte de la investigación para la película documental Fragmentos de otra historia. A través de los testimonios de víctimas, periodistas y otros actores involucrados, se presentan diversas perspectivas que exploran las complejidades de los hechos del Palacio de Justicia. Cada voz ofrece un relato único que enriquece nuestra comprensión de estos eventos.

Al dar espacio a esta variedad de testimonios, la sección busca abrir un diálogo sobre la memoria histórica y su relevancia en el contexto colombiano actual. La invitación es a escuchar y reflexionar sobre estas experiencias, que destacan la importancia de la memoria en un país como Colombia y el valor de permitir una escucha profunda de las narrativas que configuran nuestra historia.

Pensar los archivos

En esta sección los invitamos a pensar el papel de los archivos audiovisuales en la construcción de nuestra memoria colectiva nacional. En Señal Memoria entendemos a los archivos como lugares que más allá de ser simples repositorios de lo ocurrido permiten conservar la memoria viva del pasado, acceder a ella y generar a partir de sus documentos interpretaciones, acercamientos y conexiones con las formas en las que las sociedades se han construido. Todo un trabajo que hace posible que los archivos sean lugares dinámicos en los que se pueden construir nuevos sentidos sobre nuestra historia. 

Con relación a este tema particular: los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985,  buscamos tejer con base en los documentos que reposan en nuestro archivo, en diálogo con una documentación variada y en colaboración constante con organizaciones sociales, instituciones, investigadores y víctimas, una mirada retrospectiva de este hecho que nos ha permitido generar nuevos productos de reflexión y divulgación como la realización del largometraje documental Fragmentos de otra historia, así como el desarrollo de este sitio web Voces en resonancia. Dos productos que van más allá del ejercicio de divulgación de los documentos y que muestran cómo a través de los vestigios y las huellas del pasado podemos generar nuevo conocimiento y expandir el uso del archivo, cuestionando no solo lo que se preserva, sino también el uso y el sentido que le damos. 

 Lo que se preserva, lo que se descarta

Jacques Derrida, en Mal de archivo, sugiere que el archivo es una construcción deliberada donde se selecciona qué preservar y qué descartar, condicionando así nuestra comprensión del pasado. 

En el caso del Palacio de Justicia, muchas imágenes fueron fragmentadas, editadas o incluso desaparecidas. Por ejemplo, en una de las imágenes conservadas, se observa a un periodista retirado a la fuerza y llevado a una ambulancia mientras los camarógrafos intentan captar la escena, aunque otros soldados se interponen para impedirlo. Estas imágenes no solo documentan una confrontación, sino que evidencian con claridad el control sobre lo que se podía registrar y lo que se quería ocultar durante estos hechos. La noción de archivo planteada por Derrida implica una tensión entre la memoria colectiva y el poder de decidir qué registrar y qué olvidar. Esta selección se relaciona con la construcción de relatos históricos y cómo estos configuran nuestra identidad como sociedad. En el caso del Palacio de Justicia, la fragmentación y desaparición de imágenes muestra cómo el control de la información puede ser un acto de poder que busca imponer una única narrativa. Aquí, las imágenes que sobrevivieron se convierten en testimonios fundamentales, pues rompen con esa imposición y nos permiten reconstruir, de manera crítica, un pasado complejo. Como plantea Walter Benjamin, es en esos fragmentos donde se encuentran las fisuras del discurso oficial.

Preguntas al archivo 

Las imágenes de archivo no son meros registros del pasado; quizás su valor emerge cuando las interpelamos, cuando no nos conformamos con narraciones descriptivas. Jean-Luc Godard afirmaba que “las imágenes no piensan por sí mismas”, entonces ¿qué pasa cuando aparecen las palabras y las preguntas? Tal vez, este proceso no se trata de "subtitular" imágenes sino de dialogar con ellas, de permitir que surjan lecturas inesperadas y nuevas capas de significado que desafíen al espectador, a la sociedad. Una suerte de invitación a producir nuevos sentidos.  

Interpelar las imágenes va más allá de ver; implica un ejercicio crítico que, como sostiene Jean-Luc Godard, le otorga sentido a lo que de otro modo sería solo un registro visual. Estas imágenes, una vez puestas en diálogo, adquieren nuevas dimensiones y revelan significados que desafían nuestra percepción inicial. ¿Qué implica ver un tanque de guerra desfilar con solemnidad en una celebración patriótica y luego entrar a la fuerza a un espacio de justicia? Este contraste nos invita a reflexionar sobre las contradicciones del poder y su representación visual, mostrando que el archivo puede ser un campo fértil de interpretaciones, donde el espectador es llamado a ser un agente activo que construye y reconstruye el significado.

El archivo como lugar de futuros posibles

Mark Fisher plantea la idea de los "futuros cancelados" para exponer cómo los sistemas de poder determinan no solo qué recordamos y cómo lo hacemos, sino también qué posibilidades nunca llegaron a concretarse. Esta “melancolía” histórica nos deja atrapados en lo que pudo haber sido, en futuros que quedaron interrumpidos  y que limitan nuestra capacidad de imaginar otros horizontes.

Quizás el gran valor de estos registros radique en su capacidad para abrir preguntas incómodas: ¿qué futuros alternativos podemos imaginar a partir de este testimonio visual? 

Los archivos no son únicamente un reservorio de eventos, sino un espacio en el que podemos conectar el pasado con lo que aún es posible construir, en nuestro caso; una sociedad en la que la justicia y la paz se vuelvan proyectos compartidos y alcanzables.