El año 2002 significó un punto de inflexión del conflicto armado. Hace veinte años se sucedieron el fracaso del proceso de paz entre el gobierno Pastrana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), la toma del Estado por parte del paramilitarismo en las elecciones legislativas, una nueva escalada de violencia de las guerrillas, la llegada de Álvaro Uribe a la Presidencia, y el inicio de una ofensiva de las Fuerzas Armadas impulsada por el Plan Colombia. Lo anterior en el contexto internacional de la guerra contra el terrorismo.
En los años 90 el país vivía una gran contradicción. Mientras en el resto del continente el fin de la Guerra Fría llegaba con la integración de las viejas guerrillas al sistema democrático, en Colombia sufría la arremetida de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que por primera vez desafiaban de manera seria la capacidad defensiva del Estado. Mientras tanto, el paramilitarismo crecía y unificaba su estructura en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al tiempo que destruía las bases sociales de los sectores políticos alternativos que parecían haber encontrado un espacio a raíz de la Constitución de 1991. Sin embargo, el ambiente en la opinión era favorable a una solución negociada del conflicto, cuando en las elecciones locales de 1997 ocho millones de colombianos manifestaron de manera informal su apoyo a esta posibilidad.
Alocución del presidente Andrés Pastrana. En: Villamizar, M. (Directora). (2002). Memorias de un proceso. Colombia: Oficina del Alto Comisionado Para la Paz. Archivo Señal Memoria, BTCX60 051660
A la situación respondió el recién elegido presidente Andrés Pastrana con un proceso de diálogos con las Farc, para el cual se desmilitarizaron cinco municipios de los departamentos de Meta y Caquetá (la zona de distensión o “El Caguán”, en referencia a San Vicente del Caguán, la sede principal de los diálogos). Sin embargo, las hostilidades nunca se detuvieron: la guerrilla continuó su ola de atentados y secuestros, alimentando la desconfianza de la opinión pública, mientras el Estado era ineficiente al momento de responder al crecimiento descontrolado del paramilitarismo, el mayor de la historia bajo el gobierno de Pastrana. Hubo crisis y amenazas de suspender las negociaciones, en medio de liberaciones de soldados y policías secuestrados o de la tregua que permitió la realización de la Copa América. A finales de 2001 la esperanza de la paz se alejaba.
Contexto internacional del proceso de paz. En: Acotv. (Producción). Espacio abierto. Colombia: Radio Nacional. Archivo Señal Memoria, CD14182
Luego de tres años de despeje y negociaciones, el proceso de paz terminó frustrándose cuando las Farc secuestraron al senador Jorge Eduardo Gechem mientras abordaba un avión en Neiva, el 21 de febrero de 2002. La decisión del presidente Pastrana de dar por terminadas las conversaciones con el grupo insurgente, fue respaldada por una opinión que veía, no solo que las acciones criminales de las Farc no cesaban, sino que aumentaban luego de la retoma de la zona de distensión por parte del Ejército. La Farc secuestraron a la candidata presidencial Íngrid Betancourt dos días después y a once diputados del Valle del Cauca mientras sesionaban el 11 de abril, así como al gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, a quien asesinaron dos años después.
Los combates con los grupos paramilitares también se intensificaron. En abril, sin que ninguna autoridad militar o civil lo evitara, unidades de las AUC navegaron el Atrato y se tomaron la cabecera municipal de Bojayá, Chocó. Con el fin de desalojarlos, las Farc atacaron el pueblo y obligaron a la población a refugiarse en su iglesia, sobre la cual cayeron cilindros de gas manipulados como proyectiles. La demencial acción provocó esa jornada la muerte de 79 civiles y de 13 más en los días posteriores. El ataque fue uno de los peores en un país donde han abundado los sucesos dolorosos.
Entrevista a Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt. En: Noticiero Todelar (27 de mayo de 2002). Colombia: Todelar. Archivo Señal Memoria, TDLR-DGW-091728-01
Al tiempo que guerrillas y paramilitares incrementaban su violencia, el Estado definía una nueva estrategia a través de lo que el historiador César Torres Del Río califica como tres puntos de quiebre. El primero fue el Plan Colombia, un acuerdo de cooperación financiera y militar con Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico y robustecer la fuerza pública, suscrito en el año 2000 con el presidente Bill Clinton. En la práctica, el Plan Colombia haría parte de la táctica para enfrentar a la subversión y poner fin a la toma de bases militares y de policía que caracterizó el ascenso de las Farc en el gobierno de Ernesto Samper. El segundo punto de quiebre vino de afuera, con la campaña de “guerra contra el terrorismo”, promovida por el presidente estadounidense George W. Bush tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Declaraciones del candidato Álvaro Uribe sobre elecciones y orden público. En: Díaz, F. (director). (2002). Colombia al día. Colombia: Señal Colombia. Archivo Señal Memoria, BTCX60 050746
El tercer punto de quiebre tendría lugar a finales de mayo de 2002, con la elección en primera vuelta de Álvaro Uribe como presidente. Volviendo a Torres Del Río, el nuevo gobierno promovió una nueva concepción del conflicto, según la cual era necesario un Estado fuerte, capaz de atraer la inversión extranjera y generar confianza en el sector privado. Tal propósito, según esa óptica, estaba amenazado por el terrorismo internacional, al cual pertenecían los grupos guerrilleros financiados por el narcotráfico. Por tanto, el Estado era una víctima más de la violencia. De hecho, en más de una ocasión esta concepción indujo a que sectores afines al gobierno consideraran que la expresión “conflicto armado” era una legitimación de la subversión.
Boletín de las elecciones presidenciales de 2002. En: Noticiero Todelar. Colombia: Todelar. Archivo Señal Memoria, TDLR-DGW-091728-01
Aquella estrategia de fortalecimiento defensivo del Estado también se tradujo en las negociaciones con buena parte de los grupos paramilitares, con el fin de buscar la desmovilización de las AUC. Sin embargo y como se verificaría en años posteriores, era el Estado el que había sido permeado por dichos grupos, de lo cual se jactaba el jefe paramilitar Salvatore Mancuso en una entrevista, luego de las elecciones legislativas de marzo, en la que afirmaba que la tercera parte de los parlamentarios electos eran aliados de su organización. Cuatro años después estalló el escándalo de la “parapolítica” como respuesta a esa afirmación, no sin generar roces entre el gobierno y la rama judicial. Al fin y al cabo, la mayoría de implicados hacían parte de la recién formada coalición uribista en el Congreso. Las acusaciones de esa posible infiltración paramilitar también recaerían en miembros del Ejército y la Policía, como aún lo refleja en el presente la discusión sobre el éxito de la Operación Orión, el operativo militar que en octubre de 2002 buscó el desalojo de células guerrilleras de la Comuna 13 de Medellín.
Audiencia sobre posibles violaciones a derechos humanos durante la Operación Orión en 2002. En: Colombia al Aire (17 de julio de 2019). Colombia: Radio Nacional. Archivo Señal Memoria, RNDC-DGW-223369-01
Iniciaba así en 2002 un viraje drástico en el conflicto colombiano, de contrastes entre, por un lado, una ofensiva exitosa que liberó secuestrados, capturó y dio de baja a algunos de sus líderes y alejó a las Farc de los principales centros urbanos y, por otro lado, el cerco que hacía poco se extendía alrededor de los ejes de las economías legales. Y por supuesto, las incesantes acciones terroristas de las guerrillas también contribuyeron a su descrédito político. Pero fue una estrategia que también vino acompañada de diálogos fallidos con el ELN, una grave crisis diplomática con Venezuela y Ecuador (países señalados de alojar unidades de las guerrillas), casos de estigmatización de organizaciones defensoras de derechos humanos, así como de grupos opositores y de periodistas críticos frente al gobierno. Cuando terminaba la década, la revelación de abusos y delitos cometidos por miembros de la inteligencia estatal (las mal llamadas “chuzadas”) y el Ejército (los aún peor llamados “falsos positivos”), pusieron en duda una legitimación plena del Estado.
Para 2012, diez años después, un país reacomodado a la lógica reciente se enteraba con sorpresa que el gobierno de Juan Manuel Santos iniciaba los diálogos con las Farc, los cuales condujeron a su desmovilización.
Autor: Felipe Arias Escobar
