Quizás para quien escribe este artículo o para muchos de sus contemporáneos, escuchar de la Unión Patriótica o UP resulta familiar y cercano, aún así para las nuevas generaciones no se entiende el por qué la Sentencia contra el Estado colombiano de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de un partido político que nació de un acuerdo para buscar la paz. Entender y recordar los orígenes, los líderes o personajes que murieron defendiendo una causa resulta necesario.
Los orígenes de la UP
El fin último de un líder o gobernante es buscar la paz, y fue a través de este mandato que en 1984 en La Uribe (Meta) el Gobierno conservador de Belisario Betancur y los líderes de la entonces insurgencia de las FARC-EP se sentaron a discutir “la posibilidad de crear un nuevo movimiento político que le permitiera a la insurgencia hacer política legalmente con garantías y con la intención de acceder a cargos de elección popular y hasta gobernar.”
Programar Televisión (Productor). (1983-2001). Discurso de Belisario Betancur [Noticiero]. Colombia: Instituto Nacional de Radio y Televisión - Inravisión. Archivo Señal Memoria, UMT-202197
En el anterior fragmento tomado del Archivo Señal Memoria, el entonces presidente Betancur aborda el proceso de paz con las FARC y la voluntad clara del Estado para continuar conversaciones con el grupo insurgente.
Una de las razones más claras más a allá del Acuerdo, era que las ideas de nación y Estado que tenía la insurgencia no eran compatibles dentro de una democracia, que venía de un Frente Nacional marcado por el bipartidismo, es decir, el sistema de partidos no daba cabida a otros movimientos “alternativos” pues la falta de reglas claras no daban garantías a estas nuevas formas de hacer política.
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La plataforma ideológica de la UP como partido político, además de ocupar curules en el Congreso, estuvo siempre centrada en “la búsqueda de transformaciones políticas, sociales, culturales y económicas” que garantizarán entre otras muchas luchas sociales, la búsqueda de la paz de manera negociada.
Sus militantes no solo eran miembros del Partido Comunista Colombiano y las FARC-EP, sino “fuerzas conservadoras y liberales disidentes, figuras políticas locales con respaldo popular que se vincularon a la Unión Patriótica".
Su forma nueva de ver la política hizo entender a muchos ciudadanos que sus necesidades y luchas podían ser representadas por un partido que siempre buscaría una equidad en el campo y la ciudad, fruto de esta agenda, en las elecciones del año 1986 se disputan consejos y diputaciones. La Unión Patriótica alcanza la cifra, no menor de 300 mil votos y consigue 19 diputados y 286 concejales y una de 14 congresistas de la República.
Señal Memoria dentro de su archivos, tiene algunas de las piezas publicitarias de los candidatos de la UP, con las que este partido presentaba “sus ideas y trabajo político, basado en la igualdad y el respeto”.
El principio del fin
La CIDH en su Informe No. 170 del 2017 del Caso referido a los Integrantes y Militantes de la UP, describe como la parte peticionaria argumenta que “debido a que la Unión Patriótica obtuvo un gran éxito electoral en su primera participación se sistematizó un exterminio contra sus miembros y militantes, que incluyó diversas violaciones a los derechos humanos como asesinatos, masacres, desapariciones forzadas, atentados, torturas, amenazas, desplazamientos forzosos y criminalización”.
Estas atrocidades dadas a lo largo de más dos décadas, las analiza un profesor emérito de la Universidad Nacional y miembro de la UP, quien protesta por el asesinato de una niña en Barrancabermeja en 1987, hija de un sindicalista y militante de la UP, un hecho que sin duda sacudió al país.
De allí que un listado de 6.528 presuntas víctimas de violaciones de derechos humanos en este contexto, además de un listado de 100 casos de los cuales 7 denominados como representativos de los hechos ocurridos entre 1984 y 1993, llegaron a manos de la Corte con 158 expedientes del genocidio de un partido que nació en medio de un proceso de paz, pero que fue aislado en medio de una constituyente y un proceso de paz fallido que pretendía darle cabida al pluralismo político de un país como Colombia.
Este mismo informe determinó, que “con base en las determinaciones de hecho y de derecho, la Comisión Interamericana concluyó que el Estado colombiano es responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la honra y la dignidad, a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la protección de la niñez, a la libertad de circulación y residencia, a los derechos políticos, a la igualdad y no discriminación y a la protección judicial, es decir, al genocidio o exterminio total o parcialmente de un grupo nacional por razones étnicas, raciales, religiosas o políticas como fue el caso de la UP.
Autor: Hugo Fernando Guerra Urrego
