Desde su creación en 1974, el Movimiento Revolucionario 19 de Abril M-19 jugó un papel importante en el panorama político del país en las décadas de 1970, 1980 y 1990. Su evolución, desde de un grupo insurgente responsable de la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, hasta una fuerza política que nació como tal a raíz de los acuerdos de paz con el presidente Virgilio Barco (1986-1990) en 1990, ha sido ejemplo en Colombia de uno de los procesos exitosos de paz y reintegración a la vida civil. Así mismo, fue un proceso que aportó a la consolidación de las fuerzas políticas alternativas a partir de los años noventa.
El Movimiento Revolucionario 19 de abril M-19 surgió como rechazo a los dudosos resultados electorales del 19 de abril de 1970, en los cuales salió elegido Misael Pastrana como presidente de la República frente a Gustavo Rojas Pinilla. Fue organizado por Carlos Toledo Plata y Andrés Almarales, de la Alianza Nacional Popular (Anapo), quienes pretendían hacer respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Luego llegaron otros militantes comunistas y de las Farc como Jaime Bateman, Luis Otero, Álvaro Fayad, Iván Marino Ospina y Carlos Pizarro.
El 17 de enero de 1974, después de una campaña publicitaria que anunciaba la llegada del M-19, milagroso producto que acabaría con todos los males del país, el grupo sustrajo la espada de Simón Bolívar, al tiempo que acometió la ocupación del Concejo de Bogotá. Las consignas que se escucharon en ambos actos, “Bolívar, tu espada vuelve a la lucha” y “Con el pueblo, con las armas, con María Eugenia al poder, Movimiento 19 de abril, M-19”, acompañaron el surgimiento del grupo armado.
Sus acciones se concentraron en las principales ciudades de Colombia, donde obtuvo un amplio apoyo popular como expresión de inconformidad frente a la política tradicional. Así se inició en Colombia la guerra urbana.
A los secuestros de líderes políticos, sindicales e industriales, y el asesinato del sindicalista José Raquel Mercado, se sumaron las tomas de la Casa Museo de Jorge Eliécer Gaitán y de la Embajada de República Dominicana, ampliamente cubiertas por los medios de comunicación, lo que facilitó el crecimiento de su militancia hasta convertir al M-19 en una amenaza para el Gobierno, el cual lo enfrentó mediante la aplicación del Estado de Sitio por el presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978) y del Estatuto de Seguridad por Julio César Turbay Ayala (1978-1982).
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En respuesta a la represión oficial, el 31 de diciembre de 1978 el M-19 robó 5.000 armas del Ejército alojadas en el Cantón Norte en Bogotá, bajo la consigna “¡Con el pueblo, con las armas, al poder!” En respuesta a este evento fueron capturados cientos de militantes, por lo que el movimiento se replegó y buscó zonas rurales en las que operó mediante “guerrillas móviles” que ocuparon varias poblaciones del sur del país, sin abandonar la lucha urbana. El 27 de febrero de 1980 asaltó la Embajada de República Dominicana, tomando como rehenes a sus ocupantes. Las negociaciones para su liberación permitieron que el M-19 pudiera denunciar internacionalmente la violación de derechos humanos, sacar algunos de sus militantes como refugiados al extranjero, y obtener por el pago del rescate de los rehenes la suma de 50 millones de dólares.
Juicio militar contra integrantes del M-19. [material huérfano]. Colombia, noviembre de 1979. Archivo Señal Memoria. BTCX30-037577
El crecimiento de las acciones guerrilleras, así como el desprestigio del Estatuto de Seguridad por las violaciones a los derechos humanos, condujeron a que se propusiera una “comisión de paz” a la cabeza del expresidente Carlos Lleras Restrepo (1966-1970), cuyas recomendaciones de amnistía, liberación de presos y reintegro de los guerrilleros a la vida civil no fueron acogidas por el Gobierno. Consecuentemente, las posibilidades de una paz negociada debieron esperar hasta la presidencia de Belisario Betancur (1982-1986), que en 1983 creó la comisión de paz y decretó una amnistía para que guerrilleros presos recobraran su libertad y regresaran a la guerrilla, sin que cesaran sus ataques en el Cauca, Caquetá y Putumayo.
A pesar de la oposición del Ejército, el Gobierno abrió los diálogos en 1984 con el M-19 en Corinto (Cauca) y Hobo (Huila), los cuales iniciaron un proceso de cese al fuego e instalación de mesas de diálogo nacional. Posteriormente, en México, se reunieron el presidente Betancur, Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad.
Finalmente, el 24 de agosto de ese año, se firmó un primer acuerdo de cese al fuego con el Gobierno en un evento que contó con la participación de Iván Marino Ospina, Álvaro Fayad y Carlos Pizarro. Una semana después, el 30 de agosto, el acuerdo entró en vigencia a partir de la 1:00pm. Ese día, el anuncio de tregua fue hecho por Ospina:
(1984). Firma del primer tratado de cese al fuego con el M-19 en Corinto (Cauca). [Material huérfano]. Colombia. Archivo Señal Memoria. BTCX30 037577
Los diálogos, que continuaron en México, terminaron cuando el Ejército atacó, el 12 de diciembre de 1984, el campamento de Carlos Pizarro en Yarumales (Cauca), acción que se prolongó durante varios días. Sin embargo, los diálogos se reanudaron y se establecieron campamentos de paz urbanos y rurales, permanentemente hostigados por el Ejército.
Así las cosas, el 6 de noviembre de 1985, una compañía del M-19 tomó el Palacio de Justicia, en Bogotá, con el pretexto de realizar un juicio político al presidente Betancur.
Los resultados no fueron los esperados, pues la retoma del Palacio por parte del Ejército produjo su incendio, la muerte de magistrados, funcionarios y civiles, torturas y desapariciones que son considerados crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado. La acción reveló dos hechos importantes: la debilidad de la institución presidencial frente a los militares y el agotamiento de la vía armada como medio para llegar al poder. Para el M-19, el genocidio del Palacio de Justicia puede ser considerado su gran fracaso político y militar, pues fortaleció los sectores más beligerantes del Ejército y generó una reacción muy fuerte por parte de la sociedad civil.
Imágenes de la toma del Palacio de Justicia [material huérfano]. Colombia, 6 de noviembre de 1985. Archivo Señal Memoria. BTCX30-037577
Un nuevo proceso de paz debió esperar hasta el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), que creó la Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación. Para entonces, habían sido asesinados dirigentes como Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad; por lo que, debilitado militar y políticamente, el M-19 debió aliarse con otros grupos con los que creó la Coordinadora Nacional Guerrillera y, posteriormente, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. También secuestró al dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, el 29 de mayo de 1988, buscando presionar la puesta en marcha de nuevos diálogos de paz y la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente.
Negociaciones entre el Gobierno colombiano y el M19 para la liberación de Álvaro Gómez Hurtado. (1988). Noticiero de las 7: [Reunión del M-19 con el gobierno en Panamá y entrevista a Daniel Medina]. [Pregrabado]. Colombia: Programar Televisión. Archivo Señal Memoria. UMT-217509
Declaraciones del M19 en las negociaciones para la liberación de Álvaro Gómez Hurtado. (1988). Noticiero de las 7: [Reunión del M-19 con el gobierno en Panamá y entrevista a Daniel Medina]. [Pregrabado]. Colombia: Programar Televisión. Archivo Señal Memoria. UMT-217509
Las negociaciones de paz durante la administración Barco se iniciaron en noviembre de 1988, gracias a una propuesta del senador conservador Álvaro Leyva que, el 10 de enero de 1989, produjo una declaración conjunta firmada por Rafael Pardo, Reinaldo Gary, Ricardo Santamaría, Eduardo Díaz y, como invitada, Diana Turbay, periodista e hija del expresidente Julio Cesar Turbay Ayala. Por el M-19 estuvieron Carlos Pizarro acompañado de Afranio Parra, Gustavo Petro, Carlos Erazo y Carlos Alonso Lucio. En ella convocaron a un nuevo proceso de paz que involucrara a la sociedad colombiana, superando la negociación enteramente bilateral entre gobierno y guerrilla. En consecuencia, el grupo insurgente declaró el cese al fuego.
Los diálogos continuaron en Ciudad de México y Santo Domingo (Cauca) y dieron como resultado la instalación de la Mesa de Trabajo por la Paz y la Reconciliación Nacional en el Palacio de Nariño. El Acuerdo Político Final se firmó el 9 de marzo de 1990, gracias al cual se expidió la Ley 77 de 1989 que les otorgó el indulto a los alzados en armas y partícipes de delitos políticos, lo que sumado al compromiso de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente condujo a que el 8 de marzo de 1990 el M-19 dejara las armas.
Palabras de Carlos Pizarro tras la desmovilización del M-19 [Material huérfano]. Colombia, 1990. Archivo Señal Memoria. UMT 208905
El tránsito del M-19 por los caminos democráticos no fue sencillo. En medio de la campaña política para suceder a Barco, Carlos Pizarro fue asesinado, crimen que se unió al de Bernardo Jaramillo de la Unión Patriótica y al de Luis Carlos Galán. A pesar de lo anterior, el M-19 se mantuvo firme, a la espera de la ratificación del acuerdo mediante una Asamblea Nacional Constituyente, en cuya elección de delegados el nuevo partido obtuvo 19 escaños, de un total de 70 con derecho a voz y voto. Ser el segundo movimiento político con mayor representación, después del Partido Liberal, le dio derecho a ocupar uno de los cargos del triunvirato que dirigió la Asamblea Nacional Constituyente, en cabeza de Antonio Navarro Wolf. Ya no era un movimiento guerrillero, sino un movimiento político con el nombre de Alianza Democrática M-19 (AD-M-19).
De esta manera fue posible el primer acuerdo de paz exitoso en Colombia, que mediante la Constitución promulgada el 4 de julio de 1991 buscó consolidar la paz y la participación democrática. En adelante, los militantes del M-19 se vincularon a diversos grupos y movimientos políticos, uno de ellos de reciente creación, El Pacto Histórico, que logró que uno de los miembros del ala política del M-19 fuera elegido presidente de Colombia para el período 2022 - 2026. Se trata de Gustavo Petro Urrego, que estuvo en las conversaciones de paz que finalizaron en 1990. Podemos decir que el nuevo presidente de Colombia es un hijo de la guerra, pero sobre todo, un hijo de la paz.
Autor: Alonso Valencia
