Este artículo, enmarcado en el especial digital Voces en Resonancia, explora cómo la memoria y el poder se enfrentan en el contexto del Palacio de Justicia en Colombia. A través de las reflexiones de Ramón Jimeno, Yesid Reyes y Álvaro Medina, se analizan las estrategias de ocultamiento estatal, el testimonio como resistencia y la verdad jurídica como herramienta contra la impunidad. Estas voces iluminan la tensión entre narrativas oficiales y la necesidad de construir una memoria colectiva que desafíe el poder y reconozca las responsabilidades históricas.
Hannah Arendt afirmaba que “recordar es la condición previa para rendir cuentas; olvidar, en cambio, perpetúa la impunidad”. Esta idea resulta especialmente relevante en el contexto colombiano, donde memoria y poder se enfrentan como fuerzas en tensión.
El caso del Palacio de Justicia, ocurrido el 6 y 7 de noviembre de 1985, evidencia cómo las narrativas oficiales intentaron justificar lo injustificable. Sin embargo, voces de resistencia al olvido, como las de Ramón, Yesid y Álvaro, defienden la memoria como un acto ético y político.
Desde perspectivas diferentes, abordan la relación entre memoria y poder. Por un lado, Ramón analiza cómo las estrategias de ocultamiento estatal perpetúan la impunidad, cuestionando las estructuras de violencia que las sostienen. Por otro lado, Yesid, a través del testimonio personal, muestra cómo la memoria individual se convierte en resistencia colectiva al desafiar las versiones oficiales. Finalmente, Álvaro subraya la importancia de la verdad jurídica como un mecanismo imprescindible para combatir el olvido y construir narrativas más justas.
En conjunto, estas reflexiones iluminan no solo las dinámicas de poder que intentan imponerse sobre la memoria, sino también el potencial transformador de recordar. La memoria no es neutral; es un acto político que redefine el presente y abre la posibilidad de imaginar un futuro más justo.
Voces en Resonancia: Ramón Jimeno. (2024). [Fotograma]. Bogotá D.C. Archivo Señal Memoria, documento sin catalogar.
La violencia estructural del Estado
Ramón Jimeno, escritor y periodista, describe el operativo militar en el Palacio de Justicia como la manifestación más cruda de una política de Estado orientada a la aniquilación del enemigo. En su libro Noche de lobos, expone cómo esta estrategia, cimentada en la Doctrina de Seguridad Nacional —un marco político-militar importado del contexto de la Guerra Fría—, priorizó la eliminación de insurgentes, del ‘enemigo’, sobre la protección de la vida civil y las instituciones democráticas.
Plantea que el caso del Palacio de Justicia no fue un hecho aislado, sino un punto de inflexión que marcó el inicio de una escalada de violencia estatal en Colombia. A partir de ese momento, desapariciones forzadas, torturas y masacres se convirtieron en prácticas sistemáticas justificadas bajo un discurso de estabilidad y orden democrático.
En los hechos del 6 y 7 de noviembre, el Estado no solo falló en proteger las instituciones que decía defender, sino que las atacó directamente. Esto expuso una contradicción fundamental entre los valores democráticos y las prácticas autoritarias que perpetuaron la impunidad.
Durante esos días, la violencia estructural del Estado operó no solo mediante la fuerza física, sino también a través de estrategias discursivas que legitimaron estas acciones. Como señala Michel Foucault, el poder no solo se ejerce mediante la violencia directa, sino también a través de la producción de discursos que moldean lo que es considerado verdadero o legítimo.
En el caso del Palacio, estas narrativas oficiales consolidaron una versión única de los hechos, minimizando las responsabilidades del Estado y perpetuando el olvido. Así, el poder estatal se desplegó en dos frentes: la represión física y la manipulación discursiva, dejando un legado de impunidad que persiste hasta hoy.
Voces en Resonancia: Yesid Reyes. (2024). [Fotograma]. Bogotá D.C. Archivo Señal Memoria, documento sin catalogar.
El testimonio como resistencia
Yesid Reyes, hijo de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia asesinado durante la retoma del Palacio, encarna una voz que entrelaza lo personal y lo colectivo. El audio de su padre, rogando por el cese al fuego, se ha convertido en un símbolo de estos hechos, al exponer las contradicciones del poder estatal y la falta de voluntad política para evitar el desastre.
Para Yesid, los acontecimientos del Palacio de Justicia son una muestra del fracaso de la lógica militarista que ha dominado el manejo de los conflictos sociales en Colombia. “Aniquilar al M-19 en el Palacio de Justicia no resolvió nada. Al final, hubo una negociación con ellos. Entonces, ¿por qué fue necesario sacrificar más de cien vidas?”, cuestiona.
Este planteamiento revela una contradicción fundamental: el Estado eligió la fuerza como respuesta a un conflicto que, con el tiempo, demostró requerir una salida negociada. Este patrón, reiterado en la historia reciente del país, no solo agravó los problemas sociales y políticos, sino que también dejó marcas profundas en las instituciones democráticas y en la memoria colectiva.
El testimonio de Yesid no solo honra a su padre, sino que también desafía las narrativas oficiales que justificaron la violencia. En este acto de recordar, se reivindican las vidas perdidas y se plantea una exigencia política: la necesidad de un cambio estructural en la forma en que el poder aborda los conflictos sociales. Porque recordar, en este contexto, no es solo un acto personal; es un acto político que abre el espacio para construir nuevas narrativas más justas.
Voces en Resonancia: Álvaro Medina. (2024). [Fotograma]. Bogotá D.C. Archivo Señal Memoria, documento sin catalogar.
La inevitable verdad jurídica
Álvaro Medina, hijo del magistrado Ricardo Medina Moyano, asesinado durante la retoma del Palacio de Justicia, destaca la verdad jurídica como una herramienta indispensable para enfrentar la impunidad. “La verdad jurídica ha estado presente desde las primeras sentencias del Consejo de Estado, que condenaron al Estado por el uso excesivo de la fuerza durante la retoma”, explica.
Álvaro subraya que las pruebas forenses han sido fundamentales para esclarecer las circunstancias de la muerte de su padre. La necropsia confirmó que fue asesinado con un proyectil de un fusil G3, arma utilizada exclusivamente por las Fuerzas Militares en esa época. Este hallazgo refuta directamente las versiones que atribuyeron las muertes de los magistrados al M-19 y pone de relieve la responsabilidad del Estado en los crímenes cometidos durante la retoma.
La verdad jurídica, aunque difícil de alcanzar, es inevitable una vez que se presentan evidencias como estas. Es una verdad que no solo se enfrenta a las narrativas oficiales, sino que también obliga a reconocer las responsabilidades estatales en su totalidad. Álvaro insiste en que esta verdad no puede fragmentarse.
La memoria histórica debe integrar las voces de los magistrados, los desaparecidos de la cafetería y los guerrilleros, no como una forma de justificar acciones, sino como un intento de representar la complejidad del episodio y avanzar hacia una comprensión más completa de los hechos.
Memoria y poder
La Comisión de la Verdad, en su informe final, señaló cómo la impunidad ha sido una constante en el manejo de los conflictos armados en Colombia, perpetuando la violencia y erosionando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
El Palacio de Justicia es un espejo que refleja estas contradicciones: un Estado que se proclama democrático pero que, en momentos clave del país, ha subordinado la justicia a la fuerza y al poder. En este contexto, la memoria no es solo una resistencia frente al olvido, sino un acto político fundamental para imaginar un futuro más democrático.
En definitiva, las voces de Ramón, Álvaro y Yesid invitan a reconocer las responsabilidades del poder y la importancia de garantizar una justicia independiente, como pasos esenciales para avanzar hacia una sociedad que pueda construir paz desde la verdad, la justicia y la dignidad de todos los colombianos.
Por: Laura Vera Jaramillo
