Uno de los períodos más dramáticos en la historia de Colombia ha sido el del narcoterrorismo, puesto en práctica a partir de una alianza entre traficantes de drogas para enfrentar al Estado y la sociedad. Su accionar empezó a sentirse desde 1984, en el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), y se incrementó durante el mandato de Virgilio Barco (1986-1990). Sólo menguó en 1993 en el período de César Gaviria (1990-1994). Tuvo como justificación la lucha contra la extradición por parte de mafias organizadas bajo la etiqueta de Los extraditables, grupo dirigido por Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha.
Aunque parezca extraño, el narcoterrorismo en Colombia tiene su origen en la corrupción de las costumbres políticas por la incidencia de dineros ilícitos en la elección de representantes a los cuerpos colegiados, lo que facilitó que en las elecciones de 1982 el narcotraficante Pablo Escobar fuera elegido como suplente a la Cámara de Representantes. El hecho fue denunciado por el periódico El Espectador y el Ministro de Justicia de entonces, Rodrigo Lara Bonilla, que durante el gobierno de Belisario Betancur emprendió una campaña que llevó a que Escobar fuera expulsado del cuerpo legislativo a comienzos de 1984. Escobar respondió con el asesinato del ministro Lara, el 30 de abril de 1984.
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En medio de la indignación nacional que causó el crimen, el presidente Belisario Betancur reactivó con los Estados Unidos el Tratado de Extradición de narcotraficantes, ante lo cual los carteles de la droga iniciaron un enfrentamiento violento contra el Estado. Lo anterior fue el inicio de una escalada de violencia terrorista, pues los extraditables, con la consigna de preferir una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos, cometieron atentados con explosivos, un “plan pistola” contra la Policía Nacional, y asesinatos selectivos de periodistas, políticos y funcionarios públicos.
Si bien se considera como causa principal del narcoterrorismo la oposición a la extradición por parte de los carteles, no se puede dejar de lado que el fenómeno se alimentó de otros conflictos, entre los que destaca el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por el control de las zonas productoras de coca y la guerra entre los carteles de Cali y Medellín. Esto llevó a que la ola terrorista tuviera diversas expresiones, entre ellas los asesinatos de Jaime Pardo Leal, candidato presidencial por la Unión Patriótica, el 11 de octubre de 1986; el periodista Guillermo Cano, director de El Espectador, el 17 de diciembre del mismo año; el Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyos, el 25 de enero de 1988; el también candidato presidencial por el liberalismo Luis Carlos Galán Sarmiento, el 18 de agosto de 1989, y el periodista Jorge Enrique Pulido, el 9 de noviembre de 1989. Fueron más de 4.000 víctimas, entre comunicadores, jueces, fiscales y policías, estos últimos en una cifra que superó los 400 asesinatos. Personalidades como Ernesto Samper, Álvaro Gómez y Enrique Parejo González, también sufrieron atentados.
La violencia del narcoterrorismo fue igualmente instrumentalizada por fuerzas de la ultraderecha y el paramilitarismo contra la Unión Patriótica, partido político que había surgido de las negociaciones de paz emprendidas por el Gobierno de Belisario Betancur. Fueron asesinados José Antequera (3 de marzo de 1989) y miles de militantes de dicha organización, incluido su candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa (22 de marzo de 1990). La Alianza Democrática M-19, firmante del primer proceso de paz exitoso en Colombia, también corrió la misma suerte, pues a los atentados contra sus miembros de sumó el asesinato de su candidato presidencial, Carlos Pizarro Leongómez (26 de abril de 1990). La autoría de este crimen se la adjudicaron los hermanos Fidel y Carlos Castaño, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
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En la memoria de los colombianos están los atentados terroristas de 1989 -el año más violento en la historia del país- contra los diarios El Espectador (2 de septiembre) y Vanguardia Liberal, de Bucaramanga (17 de octubre); César Gaviria Trujillo, quien viajaría en el vuelo 203 de Avianca, el 27 de noviembre; las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) con un carro bomba (6 de diciembre), y las sedes políticas de diferentes partidos, que dejaron cientos de muertos y heridos.
Atentado al edificio del DAS. [Material huérfano]. Colombia: 1989. Archivo Señal Memoria. BTCX60 063909
Las acciones violentas de Escobar continuaron durante 1990 con bombas contra la Policía, cerca del Hotel Intercontinental de Medellín, en una sede próxima al río Medellín, así como la que el narcotraficante ordenó activar en la Plaza de Toros La Macarena, de la misma ciudad. A esto se sumó la guerra entre los carteles, que produjo no pocos asesinatos y atentados. Por ejemplo, contra Drogas la Rebaja, del Cartel de Cali, o el Edificio Mónaco de Medellín, residencia de Pablo Escobar.
La manera en la que el gobierno enfrentó esta ola de violencia consistió en integrar un grupo especializado de la Policía que contó con el apoyo financiero y técnico de los Estados Unidos, lo cual permitió capturar, el 4 de febrero de 1987, al narcotraficante Carlos Lehder, primer extraditado en Colombia. Gracias a esta misma alianza transnacional también se dio de baja a Gonzalo Rodríguez Gacha, alias El Mejicano, el 15 de diciembre de 1989, lo que condujo a un cambio en la táctica por parte de los extraditables, que sin abandonar la práctica de los atentados emprendieron una estrategia de secuestros a importantes personalidades de la política y el periodismo, como Francisco Santos, Diana Turbay, Maruja Pachón, Azucena Liévano, Andrés Pastrana y Lisandro Ospina.
La intensa persecución llevó a que Pablo Escobar negociara su entrega y fuese confinado en la cárcel La catedral, construida por él mismo, en la que permaneció entre el 19 de junio de 1991 y el 22 de julio de 1992, cuando huyó de la misma. Esta fuga llevó a la creación del llamado bloque de búsqueda, a cuyo cargo estuvo la persecución del narcotraficante.
Todelar (productor). (1991). Entrega del narcotraficante Pablo Escobar. [Noticiero]. Colombia: Todelar. Archivo Señal Memoria. TDLR-DGW-010155-01
Al mismo tiempo surgieron Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), grupo auspiciado por el Cartel de Cali que emprendió una guerra de exterminio contra el cartel de Medellín, dirigido por Escobar, en retaliación por los asesinatos que este había ordenado desde la prisión.
Mientras eludía a las autoridades, Escobar ordenó un atentado en el barrio Veracruz, en el centro de Bogotá, el 30 de enero de 1993, el cual dejó 25 muertos y un sinnúmero de heridos. En consecuencia, se redoblaron los esfuerzos de búsqueda que permitieron dar de baja a Pablo Escobar el 2 de diciembre de 1993, lo que puso fin a una de las etapas más sangrientas en la historia de nuestro país.
Si bien el narcoterrorismo terminó con su muerte, su práctica continuó en otros ámbitos por parte de grupos insurgentes como las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Después del acuerdo de paz firmado en 2016 entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010 - 2018), el terrorismo ha persistido en el accionar de distintas organizaciones como las llamadas disidencias de las antiguas FARC, así como en los “elenos” y otros grupos violentos organizados que buscan afincar su control territorial en zonas estratégicas donde prosperan economías ilícitas, como la de la droga y la minería ilegal.
Autor: Alonso Valencia
