Uno de los compromisos asumidos por los Estados en el momento de crear la Organización de las Naciones Unidas (ONU), fue la promulgación de dicha convención. Este acuerdo que han ratificado 153 naciones busca evitar la ocurrencia de uno de los delitos más graves que existen contra la humanidad. A pesar del rechazo y los instrumentos que hay para evitar su ocurrencia actualmente existen conflictos que materializan el exterminio de pueblos y comunidades enteras.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos del mundo se plantearon inquietudes frente a los mecanismos institucionales que deben existir para evitar que los cruentos hechos ocurridos en el Holocausto vuelvan a ocurrir. Esta situación permitió en primer lugar, la creación de la ONU, el 24 de octubre de 1945, con el fin de mantener la paz y la seguridad de las naciones. Y, en segundo lugar, este organismo internacional creó un entramado institucional que propició un escenario de paz perdurable y sostenible, a partir del compromiso de los Estados miembros para evitar la ocurrencia de hechos que comprometieran el bienestar de la humanidad.
El mundo contra el genocidio
A pesar de que la Segunda Guerra Mundial fue una situación superada, la división del mundo entre comunistas y capitalistas evidenciaba una tensa calma que hacía necesario el concurso internacional para que no detonara una nueva confrontación mundial. En este escenario, la ONU definió una serie de tratados y convenciones para instar a los Estados miembros a incluir en sus ordenamientos jurídicos sanciones para aquellos que cometieran crímenes de lesa humanidad, entre estos la promulgación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, el 9 de diciembre de 1948.
De acuerdo con esta convención ratificada actualmente por 153 Estados, el genocidio se define como las acciones “perpetradas con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Es decir, los daños van dirigidos a un conjunto de personas que comparten instituciones políticas, económicas, culturales, religiosas y sociales y además, son víctimas de un plan sistemático y coordinado con la intención de destruir o erradicar al grupo poblacional.
El concepto de genocidio según la convención dejó por fuera la intención de eliminar o destruir grupos políticos, situación que ha sido duramente criticada por algunos juristas en casos en los que regímenes dictatoriales o gobiernos radicales han optado por acciones sistemáticas para eliminar un grupo político por sus convicciones ideológicas. Casos como los ocurridos en Chile, bajo la dictadura de Augusto Pinochet entre 1973 y 1989; en Argentina, durante la dictadura de la junta militar entre 1976 y 1983; y en Colombia, con la Unión Patriótica son algunos en los que la Corte Penal Internacional ha tenido que definir la ocurrencia de un genocidio político como una tipificación de este delito contra la humanidad.
Véase también Unión Patriótica: La Sentencia contra Colombia
La violencia prevalece y el genocidio reaparece
Pese a los esfuerzos del Sistema de Naciones Unidas por mantener la paz en el mundo, desde la promulgación de la convención en cuestión, han ocurrido graves hechos relacionados con este delito.
Luego de la caída del Muro de Berlín, las antiguas repúblicas que hacían parte de la denominada cortina de hierro iniciaron procesos separatistas para insertarse en el nuevo orden mundial. Una de estas situaciones se evidenció en la guerra de los Balcanes que dio como resultado la separación de la antigua Yugoslavia y que se convirtió en uno de los ejemplos de genocidio conocidos en la historia reciente, la mal llamada “limpieza étnica” realizada por todos los actores del conflicto. Es decir, fue una secuencia de acciones coordinadas para eliminarse los unos a los otros en pro de establecer Estados independientes.
Para profundizar Acuerdos y Genocidio
De otro lado, en África las luchas entre pueblos y etnias fue una constante durante la segunda mitad del siglo XX, las confrontaciones armadas por gobernar las jóvenes naciones luego del proceso de descolonización materializaron uno de los más sangrientos hechos de violencia en Ruanda. El conflicto entre las etnias Tutsi y Hutu dejó un saldo de más de 600.000 víctimas por la guerra civil que aún hoy son materia de investigación.
Véase también El genocidio de Ruanda en los medios públicos
Estos hechos son solo algunos de los casos en que las instituciones del sistema internacional han probado lo hechos relacionados con el genocidio de alguno o algunos pueblos o comunidades. Actualmente el conflicto palestino-israelí pone nuevamente contra las cuerdas a las instituciones para proteger, evitar y sancionar a los grupos violentos que buscan el control de la tierra prometida para judíos, musulmanes y católicos.
Ver más en Conflicto Palestina-Israel: la lucha por la tierra prometida
¿Qué ha hecho Colombia para evitar y castigar el genocidio?
La lucha por el poder ha sido una constante de las fuerzas políticas en Colombia y ha devenido en un continuo conflicto armado durante los últimos 70 años. Frente a ello, el Estado colombiano ha avanzado en el tratamiento de este delito de diversas maneras y con el fin de crear condiciones para la construcción de paz en todo el territorio nacional.
Uno de los hechos que se ha considerado un genocidio por parte de un importante sector de la nación debido a su importancia para la historia del país, es la toma del Palacio de Justicia en 1985. En el siguiente fragmento se evidencian las protestas ocasionadas por este hecho y cómo los manifestantes lo consideran un genocidio debido a la gravedad del ataque para las instituciones de la nación.
Programar Televisión. (Productora). (1986) Noticiero de las siete N7: 1983-2001. 1 aniversario de la Toma del Palacio de Justicia. Bogotá. Archivo Señal Memoria, UMT-217442.
Bajo la presidencia de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), el Congreso de Colombia aprobó la convención mencionada, con la promulgación de la Ley 28 de 1959. Posteriormente con la instauración de la Constitución de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente ratificó los tratados relacionados con la prevención de este delito, pues antepone el derecho a la vida como uno de los fines supremos del Estado.
A partir de lo anterior, en el año 2000 se llevo a cabo un proceso de revisión y actualización del código penal en el que se incluyó el genocidio político como un delito de lesa humanidad mediante la promulgación de las leyes 589 y 599 de 2000. La controversia generada por esta decisión del poder legislativo fue analizada por el entonces congresista Luis Fernando Velasco en el siguiente fragmento audiovisual conservado por Señal Memoria.
Novoa García, Armando. (Director). (1999). La carta abierta. Ley de desaparición forzada. Bogotá: Corporación Centro de Estudios Constitucionales Plural, Inravisión (Instituto Nacional de Radio y Televisión). Archivo Señal Memoria, BTCX30-013435.
Paradójicamente mientras el gobierno nacional y el congreso realizaban estos esfuerzos por condenar los más atroces hechos del conflicto armado en Colombia durante la primera década del siglo XXI, la confrontación armada tuvo uno de sus momentos más álgidos, cuando el desplazamiento forzado, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada aumentaron sustancialmente debido al constante enfrentamiento entre grupos guerrilleros con grupos paramilitares que aún hoy son materia de investigación por las autoridades judiciales ordinarias y las creadas en el marco de los procesos de paz con algunos de estos grupos armados.
Conclusión
Los conflictos son una constante en la vida de las personas, por eso vale la pena conmemorar 75 años del día en que el mundo se unió para sancionar el genocidio como uno de los delitos que pone a prueba nuestra humanidad.
Por: Iván Darío Romero Vega
