La Ley 200 de 1936 fue un hecho que marcó tanto la imagen del presidente López Pumarejo como la historia de los conflictos agrarios en Colombia.
López Pumarejo, Alfonso. (1945). [Mensaje al Congreso en sus sesiones extraordinarias]. Radio Nacional. Archivo Señal Memoria, CD008576
La crisis del campo hace un siglo
A pesar de la amplia presencia de pequeños propietarios en zonas de colonización y en buena parte de las prósperas zonas de producción cafetera, hace cien años no existían garantías legales para numerosas comunidades del campo colombiano, principalmente arrendatarios, trabajadores o vecinos de las haciendas (“no eran libres”, afirma de forma tajante el informe de la Comisión de la Verdad sobre la cuestión agraria). Para la década de 1920 el país experimentaba un tránsito pleno a una economía capitalista que abriría las puertas a la estabilidad política y económica, pero también a conflictos entre latifundistas y familias que buscaban incorporarse al prometedor milagro del café. Fueron años de invasiones de tierras colindantes a las grandes haciendas, o de colonos que expandían la frontera agrícola para luego verse despojados de su nuevo pedazo de tierra por vacíos legales y el despotismo de hacendados, notarios y jueces.
El ejercicio pleno de la ciudadanía estaba en entredicho en un país donde todavía la mitad de su población adulta no sabía leer ni escribir y donde el acceso a la salud y la educación era enormemente limitado en las zonas rurales. Eran tiempos donde se sufría la represión del régimen conservador a los crecientes movimientos obreros, campesinos e indígenas, pero donde también se formaron los primeros sindicatos agrarios y algunos focos políticos que simpatizaban por el socialismo revolucionario. Luego, los estallidos de violencia en algunas regiones, tras los triunfos liberales en las elecciones de 1930 y 1931, también aportarían su cuota a la zozobra y precariedad en la que vivían miles de campesinos y campesinas.
Para entonces, el gobierno de Enrique Olaya Herrera (1930-1934) intentó arbitrar en estos conflictos. La Ley 83 de 1931, que legalizaba la actividad sindical, también benefició a las organizaciones campesinas, mientras que en 1933 se impulsaría el primer intento por beneficiar legalmente a los colonos, reconociendo su derecho a ocupar tierras baldías y ociosas, el cual fue derrotado por los congresistas del conservatismo y la derecha liberal.
Lleras, Miguel. (1957). Mesa redonda sobre la Reforma Constitucional de 1936. Colombia: HJCK. Archivo Señal Memoria, HJCK-DGW-072375-01
La agridulce reforma agraria del 36
El segundo pulso llegaría en el gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934-1938), cuando los terratenientes de ambos partidos aglutinaron sus intereses con la creación de la Acción Patriótica Económica Nacional (APEN). Al mismo tiempo, los conflictos por la propiedad de la tierra tendrían un intento de resolución en 1936, en un Congreso integrado exclusivamente por liberales, pues el Partido Conservador había decidido valerse de la abstención como estrategia opositora.
El balance de la Ley 200 de 1936, nacida de este debate, era ambiguo para el campesinado. Por un lado, establecía la presunción de que un predio ocupado por un particular no era baldío, alentando a terratenientes la explotación de terrenos incultos colindantes con sus propiedades para que estos no fueran colonizados, e incluso pudiendo expulsar legalmente a antiguos colonos de esos mismos terrenos. Sin embargo, el campesinado aprovechó muy pronto que esa misma ley consagraba la función social de la propiedad, al igual que interpretaron en su beneficio aquella misma consideración de que explotar un terreno presumía su propiedad sobre el mismo. Así se abrió paso a un periodo breve de titulaciones de tierras y adjudicación de baldíos que sería subrayado por los defensores de la “Revolución en Marcha” de López Pumarejo: al tiempo que las masas urbanas y rurales lograban acceder a derechos políticos y sociales anteriormente vedados, los nuevos tiempos prometían resolver un conflicto agrario que amenazaba el sueño de una sociedad pacífica y democrática.
Sin embargo, pronto llegaría el freno a esa resolución del drama del campesinado. La pausa de las reformas sociales que caracterizó el gobierno de Eduardo Santos (1938-1942) desaceleró la titulación y la Ley 100 de 1944 impulsada por el segundo gobierno de López (1942-1945) le dio más tiempo a los latifundistas para hacer productivas las tierras incultas, lo cual en la práctica volvía a ponerle trabas a los colonos. En 1946, con el regreso de los conservadores al poder, la Violencia bipartidista se manifestaba con mucha más fuerza, provocando un éxodo de campesinos, principalmente en la zona andina. Los desalojos serían aprovechados por los terratenientes o sus nuevos aliados en las bandas armadas al servicio del gobierno. No se volvería a hablar de reforma agraria hasta el Frente Nacional, con una historia que también se caracterizó por los triunfos breves y los fracasos perdurables.
Charry S., Héctor. (1957). Mesa redonda sobre la Reforma Constitucional de 1936. Colombia: HJCK. Archivo Señal Memoria, HJCK-DGW-072375-01-SER001CPTDG
Agradecemos a la Casa Museo Alfonso López Pumarejo de Honda, Tolima, por cedernos la fotografía de este artículo y por darnos la idea de escribirlo.
Por: Felipe Arias Escobar
